Síndico de Guayabal en Padre Las Casas se adueña de invernadero de la comunidad

Fuente: noticia SIN
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Desde que fue instalado el invernadero hace varios meses en el paraje conocido como Guayabito, del municipio de Guayabal de Padre Las Casas, en la sureña provincia de Azua, los campesinos de la zona parecen ver la infraestructura con cierto dejo de misterio.
La moderna instalación de producción agrícola se levanta en predios poco menos que inaccesibles.
El anuncio divulgado en diferentes medios de comunicación dando cuenta de que en su pasada visita a la provincia, el Presidente Leonel Fernández hizo entrega de un invernadero para una Asociación Campesina de Guayabal, llevó a comunitarios del municipio a indagar sobre la realidad de la información.
La agricultora Daysy Yolanda Jiménez Custodio, más conocida como Bicha entre los vecinos de Guayabal, dice haberse quedado con la ilusión de las expectativas creadas por el proyecto.
“Yo he sabido que el invernadero cosecha frutos buenos, da unos tomates bien buenos, que da mucho dinero, pero nosotros no hemos tenido beneficios e incluso yo ni siquiera a la puerta nunca he llegado”, expresó Bicha.
El regocijo que dice sintieron las mujeres agriculturas de la zona cuando se enteraron de la donación del invernadero a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, fue corto.
“A una hora que a nosotros nos habían puesto tan siquiera a trabajar, descosechando de lo que hubiera, aunque fuera ganándonos algo, nosotros tuviéramos beneficios, pero nosotros ni descosechamos, ni nos ponen a trabajar ni nos dan ningún tipo de entrada a ese invernadero, absolutamente ninguna”, agregó Bicha.
Asegura haberse sorprendido que una vez instalado el invernadero haya quedado para el uso exclusivo del síndico de Guayabal, Alcibíades Vicente.
“Ese es el único que cosecha ahí, Alcibíades Vicente, más nadie, ese es el único que cosecha todo lo que se da ahí y sabe lo que se hace”, manifestó la campesina.
Otra que se queja es Cristobalina Corcino pertenece a la Asociación de Amas de Casa María Torrubia de Guayabal. En esa calidad llegó a pensar que tendría alguna participación en el invernadero.
“Todavía el Gobierno lo haya hecho para las amas de casa para nosotros era de él porque está en su terreno de ellos, y hasta ahora nadie le ha dicho a nadie es de la asociación, es de las mujeres, somos muchas asociaciones de mujeres”, dijo Cristobalina Corcino.
La profesora Argentina Morillo, quien preside la Asociación de Mujeres para el Progreso de Guayabal, le reclamo al síndico alegando que el proyecto es un bien de la comunidad.
“Por lo menos yo fui y le exigí, le dije que qué pasaba, y el me dijo que no que su invernadero era de él, que él donó su tierra y que fue a él que se lo dieron”, explicó Argentina Morillo.
Valentín Minyetty, vicepresidente del Ayuntamiento Municipal de Guayabal, y como regidor pertenece al partido de gobierno, organización en la que también milita el síndico Alcibíades Vicente.
“Conocemos un solo invernadero y que ese invernadero es propiedad del síndico actual por lo que entonces no investigamos, entonces, si dice el gobierno inaugura un invernadero en el municipio de Guayabal y conocemos ese solo invernadero que hay que es del síndico actual entonces es una cosa que pone a uno entre la espada y la pared, entonces uno dice a quien le creo” afirmó Valentín Minyetty.
El convenio al que se refiere el ejecutivo municipal de Guayabal establece que el mismo tiene como objetivo desarrollar una nueva conciencia hídrica, poniendo a disposición de las comunidades información básica sobre la cantidad y calidad del recurso agua; inducir y estimular el desarrollo de las comunidades rurales pertenecientes a Guayabal, a hacer un mejor uso de los recursos naturales, así como mejorar la productividad, produciendo más en menos áreas y eficientizando el uso del agua.
“En ningún momento en Guayabal se ha construido ningún tipo de invernadero par algún tipo de asociación, nosotros tenemos un invernadero, un pequeño invernadero de mil trescientos metros que hicimos un convenio de cooperación entre el Indrhi, representado en ese momento por su director saliente Héctor Rodríguez Pimentel y de Alcibíades Vicente, no en calidad de síndico sino en calidad de un profesional de la agronomía”, dijo el síndico de Guayabal.
El mismo contrato en los considerando dice que El INDRHI “construyó en los terrenos de la segunda parte” representada por el síndico, un invernadero para la “producción de vegetales de la comunidad… para introducir un nuevo modelo de producción, como es la producción en ambiente controlada”, para de esta manera “reducir la quema de bosques en la cuenca alta de la cordillera central”.
El síndico a su vez tenía el compromiso de integrarse junto con los habitantes de Guayabal a un Programa de Cultura del Agua, a los fines de que todos los comunes cuiden los recursos naturales para la preservación del líquido.
Asimismo, motivar a los agricultores para que cuiden y preserven los recursos naturales; impartir cursos, talleres y charlas a los agricultores de Guayabal para adecuarlos a las nuevas tecnologías de cultivos, además de la obligación de cuidar y proteger la infraestructura del invernadero.
El síndico Vicente, al defender su derecho a la posesión del invernadero sostiene que hizo una inversión superior a los 700 mil pesos, inversión que formaba parte del acuerdo firmado, para la adecuación del terreno, construcción de casetas para la instalación de regadío y fertilización y la cama de siembra.
Las informaciones periodísticas del 7 de mayo de este año dan cuenta de dicha inauguración, pero no como lo pinta el síndico Alcibíades Vicente.
Los titulares, incluso del centro de información gubernamental, de que el Presidente inauguraba en Azua obras por más de RD$660 millones, incluyendo un invernadero en el municipio de Guayabal.
Inclusive desde el INDHRI nos informan que aunque Alcibíades Vicente aparece como representante en el acuerdo, claramente la instalación es para el beneficio de la comunidad en general, tal y como lo estipula el contrato.
En su artículo 5 el contrato dice que el “convenio tendrá una vigencia de dos años a partir de su firma”, que fue en mayo de este año. Añade que “después de cumplido los dos años, la propiedad del mismo pasaran a ser de la Segunda Parte, o sea el síndico, con la condición de que siempre lo usará, para la educación agrícola de la región”.
Nuris Corcino Morillo, ama de casa de Guayabal, dice que aunque pertenece a una familia de agricultores no ha recibido información alguna sobre las supuestas ventajas sociales del invernadero.
Altagracia Villanerys Pimentel es otra ama de casa que dice desconocer los planes de entrenamiento agrícola. De lo que si asegura estar segura es que el síndico de Guayabal obtiene beneficios con la explotación del invernadero.